Un total de 21 martilleros se inscribieron para participar del sorteo que determinará quién llevará adelante la subasta de la parcela C del Complejo Casino, donde se encuentra el Teatro Auditórium. La nómina ya fue confeccionada por el Colegio de Martilleros del Departamento Judicial de Necochea y deberá ser remitida al Departamento Ejecutivo municipal, que establecerá la fecha del sorteo.
Entre los 21 profesionales anotados se encuentran Rolando Raúl Rodríguez, Alejandro Nuñez, Jorge Alberto Balinotti, Julio César Riolffi, José Ignacio Orte, Sandra Mariana Ortega, Marta Graciela Di Caro, Luis Esteban Hernando, Joaquín Javier Urdampilleta, Sergio Marcelo Gertie, Mauricio García, Samanta Lucía Rumi, Liliana Noemí Cirigliano, Juan Ezequiel Domanski, Juan Cruz Colombo, Horacio Alfredo Loria, Diego Eleazar Cajaravilla, Lis Sofía Raghner, Nicolás Marinone, Lorena Beatriz Russo y Facundo Maringolo.
Del listado oficial surge que 19 de los inscriptos tienen domicilio declarado en Necochea, mientras que Rodríguez figura con domicilio en Lobería y Urdampilleta en San Cayetano.
Una vez que el Departamento Ejecutivo reciba formalmente la nómina, se definirá la fecha del sorteo, mediante el cual se seleccionará al martillero que tendrá a su cargo la operación.
Posteriormente se establecerá la fecha de la subasta, que deberá desarrollarse bajo las condiciones fijadas por la Ordenanza Nº 12.009/25, normativa que establece el marco para la venta del inmueble. Según de adelantaba, la expectativa es que se concrete durante el mes de septiembre que comienza.
La parcela C, correspondiente al sector donde se encuentra el Teatro Auditórium, cuenta con una tasación oficial de $383.819.190, realizada por el Banco Provincia. Ese monto constituye el precio base establecido para la subasta.
Uno de los puntos centrales del proceso es que el inmueble conservará el destino “Teatro”. Por lo tanto, quien resulte comprador deberá respetar tanto ese uso específico como los indicadores urbanísticos vigentes para el sector.
De esta manera, la subasta no implica un cambio en la finalidad prevista para la parcela, sino la transferencia del inmueble bajo las condiciones establecidas por la normativa municipal.
La ordenanza también establece el destino que tendrán los recursos que se obtengan mediante la operación.
Según lo previsto, el 70% de los fondos será destinado a obras públicas municipales, mientras que el 30% restante quedará como recurso de libre disponibilidad, aunque con prioridad para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales.