La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la condena contra la Argentina y ratificó que el Estado deberá pagar más de US$ 390 millones por un litigio derivado de la expropiación de la empresa aérea de bandera, realizada en 2008.

El conflicto comenzó tras la estatización impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el CIADI falló a favor del grupo español Marsans y, posteriormente, los derechos del juicio fueron adquiridos por el fondo Titan Consortium, que continuó con el reclamo.

Con esta resolución, la sentencia quedó firme y el fondo podrá avanzar con pedidos de embargo sobre activos argentinos en el exterior para intentar cobrar la deuda.

Además, especialistas señalaron que el fallo también destraba otras causas internacionales vinculadas al Estado argentino que permanecían suspendidas a la espera de esta definición judicial.

Durante 2024 existieron negociaciones para alcanzar un acuerdo de pago, pero finalmente no prosperaron, por lo que el litigio continuó en los tribunales estadounidenses hasta la confirmación de la condena.