El Gobierno nacional modificó uno de los puntos de la reforma laboral y flexibilizó el sistema de financiamiento sindical. Mediante el decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, eliminó el límite del 2% que restringía los aportes extraordinarios que las empresas podían realizar a los gremios.

La nueva normativa permite que el monto de esas contribuciones sea definido libremente en las negociaciones entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias, en el marco de los convenios colectivos de trabajo.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Además de eliminar el tope, la norma modifica la base sobre la que se calcularán estos aportes. Desde ahora, deberán contemplarse el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y mensuales establecidas por convenio.

En cambio, quedarán excluidos conceptos como horas extras, aguinaldo, bonos, premios, participación en las ganancias, plus vacacional y cualquier otra suma que no tenga carácter habitual.

El decreto también establece que los fondos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por cada sindicato. Asimismo, esos recursos deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio sindical para facilitar los controles.

Aunque el Gobierno presentó la medida como una adecuación técnica, la decisión representa un cambio respecto de la reglamentación original de la reforma laboral y es interpretada como un gesto hacia la CGT, que recupera capacidad para negociar una fuente de financiamiento que había quedado limitada meses atrás.