El Gobierno logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de modernización laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para favorecer la creación de nuevos empleos.
Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.
El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.
El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños
De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y de Misiones, Hugo Passalacqua.
Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.
En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo "Lule Menem", y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.
La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.
La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.
El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.
En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.
En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios.
En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.
A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.
A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.
También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.
Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.
En el tema del Instituto Nacional del Cine (INCAA) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos (físicos o digitales) y 25% de la recaudación del ENACOM hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional,
En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral.
La legisladora sostuvo que el esquema actual es parte de una "legislación obsoleta" que mantiene al país "anclado en el pasado".
Para Bullrich, la clave del crecimiento no reside en la expansión del Estado, sino en la dinamización del sector privado.
Desde la oposición, el presidente del interbloque José Mayans, el jefe del bloque Justicialista, encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, denunció que es "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar".
"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", resaltó.
Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.
El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.
Afirmó que esta propuesta busca solucionar "el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".
Por la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”. Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.
“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó.
La senadora radical Carolina Losada afirmó que con la ley de modernización laboral “va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.
“Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar”, indicó.
A lo largo del debate, uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1 % de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.
Incluso la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que adelantó su aprobación, en general se manifestó en contra de la creación del FAL.
A lo largo de quince horas que se extendió la sesión expusieron 32 senadores en la discusión en general y 10 jefes de bloque en el cierre del debate, que fue cerrado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
El proyecto flexibiliza las condiciones de contratación y modifica el esquema de indemnizaciones. Además, rebaja las contribuciones patronales.
Los salarios podrán ser pagados en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. También se incluye el concepto de “salario dinámico” que podrá ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa, y ser tratado como pago al mérito personal del trabajador o productividad.
Se reduce la base de cálculo y no se consideran dentro de la mismas las vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera y para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual.
También se habilita a las pymes el pago en cuotas. “Se abre la opción para que lo acuerden con el trabajador, cosa que antes no se podía. Fue mas un pedido del sector empresario para que a las pymes que no les venga el hachazo de un solo golpe. Entra como una opción, es una ley que permite más apertura”, destacó Sturzenegger.
Por otro lado, agregó: “Hay una baja en los aportes patronales, el Gobierno resigna recursos de la relación laboral, se lo devuelve a las empresas, les pide que los mantenga en un fondo para generar mas certezas, y en las nuevas contrataciones menor carga impositiva. La motosierra baja el gasto y permite bajar impuestos”.
Se dispone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el aporte obligatorio que realizan los empleadores y la Anses dejará de percibir esos ingresos. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Hace una segmentación de 1% para las grandes empresas y 2,5% para las pymes.
El artículo 208 que regula las licencias pagas por enfermedad o accidentes sufre una modificación en el proyecto de reforma. El propio Sturzenegger lo explicó: “Se busca terminar con los abusos. Cuando tenés una enfermedad, por supuesto que si es una enfermedad que te sobrevino y no tenés nada que ver, el empleador tiene que seguir pagándote el sueldo, pero en un 75% y no al 100% como hasta ahora”.
Sin embargo, la situación cambia en casos de accidentes. “Si te lastimaste jugando al fútbol, algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver al respecto, y te incapacitaste del trabajo por un tiempo, el sueldo se reduce al 50%”.
Ante este cambio, el ministro aclaró: “Esto apunta a la reducción de las licencias eternas”.
De acuerdo a la norma, el empleador deberá conceder las vacaciones entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. La novedad se basa en que ahora, en el proyecto, se propone un mutuo acuerdo el empleador y el trabajador para convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.
El proyecto establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas en tanto siempre se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. “Por ejemplo, si el viernes no querés trabajar, antes no lo podías hacer, pero ahora podés compensar trabajando más horas otros días de la semana. No serían extras sino compensación”, detalló Sturzenegger.
Sobre las horas extra, se podrán llevar adelante de igual manera y el empleador y el trabajador podrán acordar de forma voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios.
Asimismo, se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.
La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, de acuerdo al tipo de actividad. De esta manera, los servicios que son considerados esenciales deberán asegurar una cobertura del 75%, en tanto que los establecidos como trascendentales, al menos el 50%.
Por otra parte, la norma amplía el número de actividades alcanzadas. Finalizada una conciliación obligatoria, los sindicatos deberán presentar con anticipación un plan de ejecución de la medida de fuerza. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.
Sturzenegger también se refirió a la prelación de convenios de empresas, en donde se busca que un convenio de empresa de una provincia prevalezca por sobre un convenio ámbito nacional. “En Argentina imponer en una zona pampeana un convenio de una actividad que se desarrolla en la parte céntrica no funciona de igual manera”, destacó. “Esta ley es la federalización del trabajo: a partir de ahora el convenio inferior va a prevalecer sobre el convenio superior. Los gremios nacionales quizás puedan permitir las modificaciones de sus bases. A una industria metalmecánica en Salta, que tiene sus particularidades, si vos le pones una cosa muy rígida quizás no le permitís ajustarse a sus condiciones”.
La reforma laboral propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes que quedará en manos del Ejecutivo una vez aprobada la ley.
Dentro del mismo se incluye la renuncia de hasta el 70% de deudas por capital e intereses, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.
Se crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) por un año y establece que por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Sobre las nuevas incorporaciones, deberán no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo y haber sido empleado público.
La reforma introduce modificaciones en la ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional —adverso a las políticas del Gobierno— a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.
“No tiene tanto que ver con el monto de las indemnizaciones sino en que después los fallos judiciales te acrecentaban eso de manera significativa”, manifestó y puso como ejemplo el caso Piegari, el juicio laboral de 200 millones de un empleado que puso contra las cuerdas al restaurante. “A veces cuando tenés un juicio de un evento de hace seis años hay que actualizar los montos y los jueces actualizaban los montos significativamente”, agregó.
Sumado a ello, explicó que los peritos en los procesos judiciales que cobraban un porcentaje de las sentencias, “Tenías un incentivo ahí”, resaltó. “Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Te dicen que las sentencias se van a actualizar de tal manera. Antes duraban para siempre y ahora tienen que tener una resolución rápida. Las costas van a estar repartidas y de manera solidaria con el abogado. Son mecanismos para evitar y reducir la industria del juicio. Nadie nos decía que eso era un problema. El problema era la incertidumbre generalizada al proceso del litigio”, sostuvo el ministro.
La reforma establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme, es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos.
Se crea el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) que regirá por dos años. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y la devolución anticipada de IVA a inversiones.
Este régimen está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país.
Esto les permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos, facilita la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales.