La Municipalidad de Necochea fue notificada este 3 de febrero de 2026 de un pedido de informes emitido por el Dr. Carlos Herrera, titular del Juzgado Contencioso Administrativo local. La solicitud surge a partir de una presentación realizada por la militante ambientalista María Susana Laborde, quien volvió a cuestionar el proceso de venta del Complejo Casino.

El requerimiento judicial fue formulado como una medida cautelar, lo que implica que, de avanzar, podría frenar la subasta pública prevista para el predio. El pedido se centra en que el municipio presente “todo lo concerniente a la realización de la Ordenanza Nº 12.009/25, el Decreto 3569/25 y el Decreto 18/26, vinculados a la autorización de la venta mediante subasta pública del Complejo Casino, y si dichos actos administrativos han cumplido con la normativa vigente”.

No es la primera vez que Laborde intenta frenar judicialmente un proceso de venta del predio. En el llamado a licitación anterior —que incluía la presentación de proyectos— la Justicia local ya había rechazado sus planteos, permitiendo que el procedimiento avanzara.
Ahora, la presentación vuelve a poner en discusión un tema que ha generado tensiones políticas y sociales en los últimos años.

La respuesta del Ejecutivo

Tras conocerse la notificación, el intendente Arturo Rojas confirmó que el municipio deberá responder al pedido de información en un plazo de 48 horas. El jefe comunal aseguró que la contestación será enviada “lo antes posible” y expresó su expectativa de que el juez rechace la medida in limine, es decir, sin darle curso.
Rojas también manifestó su preocupación por la posibilidad de que la cautelar avance, señalando que espera que “el Juez no se salga con ningún disparate avalando esto”.

El expediente quedará ahora en manos del Juzgado Contencioso Administrativo, que deberá evaluar si la medida cautelar solicitada reúne los requisitos legales para suspender la subasta o si corresponde desestimarla.

• El pedido judicial podría frenar la subasta del Complejo Casino.
• El municipio debe responder en 48 horas sobre ordenanzas y decretos vinculados a la venta.
• La Justicia ya había rechazado intentos previos de frenar procesos similares.