La fiscal Verónica Posse, integrante del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, se refirió al proyecto del Gobierno nacional que propone bajar la edad de imputabilidad y sostuvo que, en muchos casos, el tema es utilizado con fines políticos sin abordar el problema de fondo.

Durante su paso por Código Abierto, en K2 Radio, Posse aclaró que su postura surge tanto desde su experiencia profesional como desde su rol de ciudadana. En ese sentido, consideró que el debate es legítimo y responde a una demanda social, aunque remarcó que la definición de una edad concreta es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación.“Argentina es uno de los pocos países que mantiene la edad de punibilidad en los 16 años, pero también es necesario tener en cuenta que nuestro país adhiere a la Convención sobre los Derechos del Niño y a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional”, explicó la fiscal, subrayando que esos marcos normativos no pueden ser ignorados.

Posse fue enfática al señalar que los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes no son negociables. “Nunca pueden eliminarse”, afirmó, y agregó que cualquier discusión sobre responsabilidad penal juvenil debe centrarse en garantizar plenamente esos derechos: acceso a una familia, vivienda, educación, desarrollo personal, actividades recreativas, artísticas y deportivas.

En ese contexto, advirtió que “en muchos discursos políticos no se advierte esta complejidad” y cuestionó la idea de que bajar la edad de punibilidad y someter a adolescentes de 13 años a un proceso penal sea una solución efectiva. “Como padres o miembros de una familia sabemos que una sanción, por sí sola, no resuelve el problema”, sostuvo.

La fiscal también remarcó que el proceso penal implica la intervención final del Estado, luego de que ya ocurrió un delito. “Si el Estado no garantizó previamente los derechos básicos de niños y adolescentes, llega tarde cuando interviene solo desde lo penal”, explicó.

Por último, Posse consideró indispensable avanzar en la creación de un régimen penal juvenil a nivel nacional, con normas claras y específicas para personas menores de edad. Además, señaló que la discusión suele reactivarse a partir de hechos de alto impacto mediático, vinculados a situaciones graves que ponen en riesgo o terminan con la vida de otras personas.